La demanda es por la ley que obliga a su venta para evitar la prohibición, la medida supone “una violación sin precedentes” de la libertad de expresión
Washington (EE. UU).- La plataforma de vídeos cortos TikTok, y su empresa propietaria, la china ByteDance, han presentado una demanda ese martes contra el Departamento de Justicia estadounidense para paralizar la ley que obliga a la casa matriz a vender su app, que de otro modo quedaría prohibida en territorio estadounidense.
La demanda, que TikTok ha presentado en el tribunal de apelaciones del circuito de Washington y que se esperaba desde que se promulgó la medida hace dos semanas, alega que la ley es parcialmente inconstitucional. Según la compañía, la medida perpetra una “violación sin precedentes” de la libertad de expresión, protegida en la primera enmienda de la Constitución. “Por primera vez en la Historia, el Congreso ha aprobado una ley que somete a una única plataforma, citada por nombre, a una prohibición permanente en todo el territorio nacional”, sostiene la app. La nueva ley también “prohíbe a cada estadounidense participar en una comunidad única en internet formada por más de mil millones de personas en todo el mundo”, según la empresa.
La plataforma también sostiene que la venta que exige la nueva ley “simplemente no es posible”. “Ni comercial, ni tecnológica, ni legalmente”.
La ley argumenta la seguridad nacional para justificar la necesidad de que la app, utilizada por más de 75 millones de estadounidenses según los datos de la compañía, se traspase a otros propietarios o se cierre. TikTok replica que ello no es una razón suficiente para restringir el derecho a la libertad de expresión, y que el Gobierno no ha demostrado que esa restricción sea necesaria.
El Gobierno de Estados Unidos asegura que con la ley no se pretende forzar el cierre de la aplicación, sino su venta, para proteger el uso que los propietarios de la plataforma puedan hacer de los datos de millones de sus ciudadanos. “En lo que nos centramos a la hora de aplicar esta ley ahora es en trabajar para una desinversión de modo consistente con la intención de la ley y con las preocupaciones de seguridad nacional que la hicieron aprobarse”, señalaba el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa inmediatamente después de que la medida quedara promulgada.
La demanda que TikTok ha presentado en el tribunal de apelaciones del circuito de Washington, alega que la ley es parcialmente inconstitucional. Según la compañía, la medida perpetra una “violación sin precedentes” de la libertad de expresión.
La nueva ley concede a ByteDance nueve meses para deshacerse de su creación más popular en Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede añadir una prórroga de tres meses más, hasta completar un año, si le parece que se han ido logrando progresos suficientes. Pero la demanda paraliza esa cuenta atrás y vuelve a poner el reloj a cero hasta que se resuelva la disputa.
Entre las preocupaciones de los legisladores se ciernen las denuncias sobre el comportamiento de adicción que la app causa entre sus usuarios, especialmente entre los adolescentes, y sus supuestos efectos nocivos en la salud mental. Pero, también, el que sea de propiedad china. Los críticos de TikTok denuncian que el Gobierno chino podría hacerse con facilidad con los datos de los millones de usuarios estadounidenses que tienen descargada la aplicación. O emplearse para la diseminación de propaganda, información falsa o algún otro tipo de influencia encubierta.
El Gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que demuestren que el Gobierno chino haya podido acceder a los datos de ciudadanos estadounidenses en poder de TikTok. Los parlamentarios en el Capitolio sí han recibido sesiones informativas a puerta cerrada.
TikTok replica que ha introducido mecanismos de control en su plataforma para que los padres puedan sentirse tranquilos sobre el uso que sus hijos hacen de ella. También niega que permita el acceso del Gobierno chino a los datos estadounidenses, y sostiene que la prohibición violaría el derecho a la libertad de expresión.
Fuente: EFE/ El Pais